Las Niñas, Niños, Adolescentes y
El Tribunal Superior de Justicia

Con la vigencia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado de Chiapas, el Congreso del Estado de Chiapas, inició el proceso de redacción del proyecto de iniciativa de decreto por medio del cual se crea la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

Como parte de la construcción de dicho proyecto, el Congreso del Estado, en 2015, abrió sus puertas para escuchar a todos los sectores de la sociedad, así como a las instituciones y poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial del Estado de Chiapas, quien participó en las mesas de análisis y desde entonces ha trabajado de manera interinstitucional en la construcción y consolidación del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

En esta tesitura, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, finalmente fue publicada en el Periódico oficial 184, tercera sección de fecha 17 de junio de 2015 y contiene disposiciones de orden público e interés social, es decir, son de observancia obligatoria en el Estado y Municipios de Chiapas, y tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, en la Constitución Política del Estado de Chiapas y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; aunado a ello la Ley estableció que el Estado fijará los lineamientos y establecerá las bases para la participación de los sectores social y privado y la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos constitucionales autónomos, en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración, para lo cual creará los mecanismos que faciliten el ejercicio de sus derechos.

La mencionada ley, también define que se consideran niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años y cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años, se presumirá que es adolescente; y en caso de que exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.

A fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades del Estado y los municipios se regirán y aplicarán dicha Ley de conformidad con sus principios rectores: I. El interés superior de la niñez. II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. III. La igualdad sustantiva. IV. La no discriminación. V. La inclusión. VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. VII. La participación. VIII. La interculturalidad. IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. XI. La autonomía progresiva. XII. El principio pro-persona. XIII. El acceso a una vida libre de violencia. XIV. La accesibilidad. XV. Diligencia excepcional dentro de las medidas especiales de protección.

En lo relacionado al derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, la mencionada Ley, prevé diversas hipótesis en las que una niña, niño y adolescente puede enfrentar un proceso, para lo cual, entre otras cosas establece que, en todo proceso de orden jurisdiccional o administrativo, en el que las niñas, niños y adolescentes se vean involucrados, se deberán cumplir con los derechos fundamentales y las garantías previstas en la ley. Además, las autoridades que conozcan de dichos procesos procurarán que las participaciones se desarrollen en el horario matutino o vespertino preferentemente, asimismo, deben tratarlos con respeto y, en función de su edad y madurez, se les tendrá la consideración debida. Para ello serán valorados por profesionales que determinen si por su condición se encuentran en posibilidad de comparecer en un procedimiento seguido en forma de juicio; esta circunstancia se acreditará mediante el certificado psicológico que determine el grado de conciencia y la manera, forma o mecanismos idóneos para tomar su parecer, acorde a su madurez y edad, a fin de no afectar su expresión de voluntad y su estabilidad emocional y para garantizar que se cumpla con ello la Ley impuso la obligación a la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de contar con el personal especializado en psicología que certifique y acompañe a las niñas, niños y adolescentes, en los procesos respectivos. (Arts: 1, 6, 7, 15, 90 al 99 de la LDNNACHIS)

Aunado a lo anterior, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas; establece que las autoridades que substancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o cualquier acto de autoridad en los que esté relacionado una niña, niño y adolescente, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y grado de madurez está obligada a observar:

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere la presente Ley.

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política Local, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley en mención y demás disposiciones aplicables.

III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial.

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la dicha Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles.

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera.

VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete.

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica.

IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario. X. Poseer la infraestructura necesaria como medida de protección para evitar el contacto con personas que puedan influir en el comportamiento o estabilidad emocional de la persona menor de edad.

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir.

XII. Procurar que el tiempo de comparecencia ante la autoridad competente sea el mínimo indispensable a fin de disminuir el temor y angustia.

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.

En esta tesitura, el Tribunal debe atender el principio de transversalidad a efecto de identificar las necesidades de la niña, niño adolescente, bien porque provenga de un pueblo o comunidad indígena, sea migrante, con discapacidad, orientación o preferencia social diversa, es decir, debe identificar que la existencia de categorías sospechosa o discriminación múltiple y en consecuencia emitir las medidas o resolución pertinente.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2016, se instaló el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas; en ese mismo año, los representantes de las instituciones y enlaces operativos que conforman el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fueron capacitados por Gestión Social y Cooperación (Gesoc A.C) bajo el auspicio de del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con la finalidad de dotarlos desarrollar competencias, de conocimientos, herramientas y estrategias para incorporar de manera efectiva en el diseño de políticas integrales de infancia y adolescencia con enfoque de derechos en el desempeño institucional; participar en la elaboración, de manera coordinada y con base en las mejores prácticas de gestión pública, de una política local de infancia y adolescencia con perspectiva de derechos en la Entidad.

Una vez instalado el Sipinna Chiapas y realizada la capacitación antes mencionada, para un adecuado funcionamiento, se crearon comisiones temáticas siendo una de éstas la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez y adolescencia (CPFVNNA), la cual fue instalada el 3 tres de mayo de 2017 dos mil diecisiete fecha en la que se efectuó la primera sesión ordinaria y en la que se designó como coordinador de la misma al Titular del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Aunado a lo anterior, la vigencia de la Ley Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, impone nuevos mandatos a este Tribunal para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes (NNA) a la participación, acceso a la justicia, seguridad jurídica y debido proceso, entre otros; motivo por el cual este Tribunal ajusta su actuación centrando la mirada en reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho, cuyo ejercicio por propio nombre debe ser atendido con prioridad, en atención a la autonomía progresiva y con el debido acompañamiento psicológico y legal, siendo su voz y las diversas formas de expresión el mejor medio para conocer las necesidades y pretensiones que este reclama ante el Tribunal.

Este Tribunal, también identifica los diversos contextos, situaciones y calidad procesal que puede tener una niña, niño o adolescente en los espacios de administración de justicia, entre ellos podemos mencionar: a las NNA en contexto de delito; NNA en contexto de litigio; NNA que viven en prisión con sus madres privadas de libertad; NNA víctimas de delito, NNA testigos de delito y NNA que se le señale la comisión o participación de un hecho considerado como delito y las personas adolescentes en conflicto con la ley.

Por lo anterior, sabedores de los retos que implica reivindicar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho, este Tribunal Superior de Justicia trabaja día con día para mejorar su servicio y garantizar de manera plena y eficiente el acceso a la justicia a éstos, siendo conscientes que la infancia es destino, motivo por el cual se ha creado este espacio para dar a conocer a la sociedad las acciones que venimos realizando y a la vez los invitamos a ser gestores de cambio social para empoderar a las niñas, niños y adolescentes como protagonistas de nuestra comunidad.