Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas es una prioridad garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes tienen un gran recorrido a través de la historia de la humanidad, motivo por el cual en este apartado se realizará una breve reseña con la finalidad de dar a conocer la incesante lucha social en defensa de los derechos de este sector de la sociedad, en distintas épocas y países.

En este sentido, iniciaremos recordando que en 1899 se creó por primera vez un Tribunal para menores, en Chicago Illinois, Estados Unidos, cuyo objeto era sustraer al “menor” del derecho penal; posteriormente, encontramos en el Sistema Universal (en ese tiempo se llamaba las Ligas de las Naciones, lo que hoy conocemos como Organización de las Naciones Unidas), la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño que tiene presente la necesidad de proporcionar al niño una protección especial; luego, el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración de los Derechos del Niño, la cual contiene 10 diez principios relacionados con la obligación del Estado de proteger a la niñez y el 20 de noviembre de 1989 se adoptado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano en septiembre de 1990, documento de mayor consenso en el dialogo multilateral.

Con la ratificación de la Convención sobre Derechos del niño, el Estado Mexicano, quedó obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se cometan en contra de NNA, tal como lo retoma el artículo 1 párrafo tercero y 4 párrafo noveno de la CPEUM.

Expresado lo anterior, surge la interrogante ¿qué es y que contiene la CDN?, en ese sentido, debe decirse que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el instrumento normativo del sistema universal de los derechos humanos que define en su artículo 1 que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad; asimismo establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos y cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto a ser escuchado. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes como son: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.

Además, cuenta con tres Protocolos Facultativos y ordena la creación de un Comité de los Derechos del niño, cuyo objetivo es supervisar que todos los estados partes cumplan en sus Estados con sus obligaciones derivadas de la convención y entre sus funciones está emitir las observaciones generales que propiamente son documentos que elaboran para ayudar a la adecuada interpretación y aplicación de los derechos de la infancia según la Convención, a la fecha se han emitido 24 observaciones generales.

La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales, para lo cual dispone entre otras cosas, que los Estados partes deben crear leyes, instituciones como el Sistema de protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como implementar políticas públicas con enfoque de derechos que permitan hacer efectivo los derechos.

En este contexto, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico oficial 184, tercera sección de fecha 17 de junio de 2015 cuyas disposiciones son de orden público e interés social, es decir, son de observancia obligatoria en el Estado y Municipios de Chiapas, tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, en la Constitución Política del Estado de Chiapas y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; aunado a ello la Ley estableció que el Estado fijará los lineamientos y establecerá las bases para la participación de los sectores social y privado y la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos constitucionales autónomos, en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración, para lo cual creará los mecanismos que faciliten el ejercicio de sus derechos.

De conformidad con los artículos 151 y 152 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, para asegurar una adecuada protección de derechos de este sector de la población, se crea el Sistema Estatal de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Sipinna Chiapas está presidido por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, además está integrado por los titulares de diversas instituciones, entre ellas: La Secretaría General de Gobierno; Hacienda; Economía y Trabajo; Igualdad de género; Desarrollo Sustentable de los Pueblos indígenas; Salud; Educación; Seguridad y Protección Ciudadana; Consejería jurídica del Gobernador; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia; representantes de las asociaciones de la sociedad civil; y tiene como invitados especiales a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión de atención a la mujer y la niñez del Congreso del Estado, entre otros, quienes tienen voz pero no voto.

La mencionada ley, también define que se consideran niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años y cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años, se presumirá que es adolescente; y en caso de que exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.

A fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades del Estado y los municipios se regirán y aplicarán dicha Ley de conformidad con sus principios rectores: I. El interés superior de la niñez. II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. III. La igualdad sustantiva. IV. La no discriminación. V. La inclusión. VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. VII. La participación. VIII. La interculturalidad. IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. XI. La autonomía progresiva. XII. El principio pro-persona. XIII. El acceso a una vida libre de violencia. XIV. La accesibilidad. XV. Diligencia excepcional dentro de las medidas especiales de protección.

Como podemos leer en párrafos anteriores, el Tribunal Superior de Justicia del Estado forma parte integrante del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en este sentido, desde su ámbito de competencia se encuentra la de administrar justicia; motivo por el cual, debe atender de manera puntual el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, contemplado en dicha Ley, mismas que prevé diversas hipótesis en las que una niña, niño y adolescente puede enfrentar un proceso, para lo cual, entre otras cosas establece que, en todo proceso de orden jurisdiccional o administrativo, en el que las niñas, niños y adolescentes se vean involucrados, se deberán cumplir con los derechos fundamentales y las garantías previstas en la ley; además, serán tratados con respeto y, en función de su edad y madurez, se les tendrá la consideración debida. Para ello serán valorados por profesionales que determinen si por su condición se encuentran en posibilidad de comparecer en un procedimiento seguido en forma de juicio; esta circunstancia se acreditará mediante el certificado psicológico que determine el grado de conciencia y la manera, forma o mecanismos idóneos para tomar su parecer, acorde a su madurez y edad, a fin de no afectar su expresión de voluntad y su estabilidad emocional y para garantizar que se cumpla con ello la Ley impuso la obligación a la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de contar con el personal especializado en psicología que certifique y acompañe a las niñas, niños y adolescentes, en los procesos respectivos. (Arts: 1, 6, 7, 15, 90 al 99 de la LDNNACHIS)

Lo anterior, se encuentran en armonía con los diversos 1, 4 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 párrafo cuarto, quinto y sexto, 20 y 133 con relación al artículo 3, 12, 14, 37 y 40 de la Convención de sobre los Derechos del Niño y observación general número 12, 14 y 24 del Comité sobre los Derechos del Niño, los artículos 1, 5, 6, 13, 82 al 88 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, cabe mencionar que actualmente el mundo tiene una hoja de ruta de los Derechos del Niño contenida en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, cuyos postulados son: 1. Hambre cero y 2. terminar con toda forma de violencia contra NNA.